Construirán el primer sistema de recolección y tratamiento de aguas cloacales en San Ignacio
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) construirá el primer sistema de recolección y tratamiento de aguas cloacales en San Ignacio, departamento de Misiones. La obra beneficiará en una primera etapa a unos 12.000 habitantes y alcanzará a 18.000 personas una vez concluida.
Según informó la cartera vial, la infraestructura contempla 32 kilómetros de alcantarillado sanitario, dos estaciones de bombeo y una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La inversión asciende a G. 114.000 millones e incluye además mejoras en el servicio de agua potable administrado por la municipalidad.
El proyecto forma parte del Programa de Saneamiento de Ciudades Intermedias, que prevé una inversión global de USD 52 millones financiados por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Además de San Ignacio, también serán beneficiadas las localidades de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Santa Rita (Alto Paraná) y Carapeguá (Paraguarí).
Fin a los vertidos contaminantes
La PTAR incorporará tecnología para el tratamiento integral de los efluentes cloacales, con procesos de remoción de sólidos, grasas, aceites y arena, además de una etapa biológica de depuración. Esto garantizará que los arroyos de la ciudad reciban aguas libres de contaminantes.
Actualmente, los desechos se eliminan en su mayoría mediante pozos ciegos, práctica que genera riesgos de contaminación de acuíferos por infiltración de residuos. Con el nuevo sistema, esta situación quedará atrás.
Impacto social y ambiental
Vecinos de San Ignacio valoran la ejecución de la obra. “Será muy importante para la comunidad porque beneficiará a todos y generará fuentes de trabajo”, expresó María Cristina Morales, pobladora de la ciudad. También resaltó los beneficios sanitarios: “Esto ayudará a que no haya más contaminación en el ambiente, ya que tener agua limpia es muy importante”.
La construcción está a cargo del Consorcio Rovella-Tocsa, integrado por Rovella Carranza SA (Argentina) y Talavera y Ortellado SA (TOCSA, Paraguay). La fiscalización corresponde al Consorcio ELC-CYD, conformado por Electroconsult del Paraguay SA y CyD Ingeniería Ltda.