España es el país más retrasado a la hora de establecer una regulación que precise qué gastos debe asumir la empresa y cuáles el trabajador en el nuevo escenario de teletrabajo masivo tras la crisis del coronavirus Covid-19. El teletrabajo ha sido históricamente una actividad casi residual en España.
El estallido de la crisis vírica obligó a las empresas a mandar a sus empleados a trabajar desde casa, y a descubrir sobre la marcha las ventajas y defectos del trabajo a distancia. Pero han tenido que pasar tres meses para que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya planteado la necesidad de regular esta actividad. Conciliación, desconexión digital, y sobre todo las compensaciones económicas son aspectos que la futura normativa deberá fijar, para asegurar que los empleados que acuden físicamente a la oficina y los que trabajan desde casa tienen los mismos derechos. Otros países europeos han actuado con mayor presteza ante la misma situación, y han establecido compensaciones para que el teletrabajo no suponga nunca un coste adicional para el empleado.
Es el caso de Bélgica, que en marzo, tras obligar a teletrabajar, fijó un pago de 126,94 euros mensuales -que desde el 1 de abril elevó hasta los 129,48 euros-, que permita a los empleados compensar los gastos adicionales de luz, calefacción o telecomunicaciones que se produzcan por el hecho de trabajar desde casa, señalan desde la consultora belga Group S.
Desde el año 2014, Bélgica ya obligaba al empleador a compensar a los empleados que trabajaban a distancia con 20 euros mensuales por el uso de su propio ordenador, y 20 euros adicionales por la utilización profesional de una conexión a internet personal. Ayudas que ahora, y en determinados casos podrían llegar a sumarse a los 129,48 euros mensuales fijados.
Además, si el trabajador debe incurrir en otros gastos, como una impresora, una pantalla o un teléfono, el empleador también debe reembolsarle una parte. «Un pago de 126 euros ya es mejor que los 40 que se pagaban anteriormente, así que el trabajador debe ser razonable en sus exigencias«, recomienda Emmanuel Degrève, asesor en Deg&Partners, en declaraciones a RTBF.
Fuente: elEconomista.es