El Estado paraguayo se defendió con sobriedad, ayer, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Costa Rica, sobre la denuncia presentada por los supuestos secuestrados Juan Arrom y Anuncio Martí. El presidente Mario Abdo Benítez, asistió como observador en la audiencia, según informó el portal oficial IP Paraguay.
Según la demanda presentada los entonces activistas de Patria Libre, Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, fueron desaparecidos temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 y sufrieron torturas por parte de agentes policiales.
En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición. También intervinieron los testigos presentados por el Estado paraguayo, el ex fiscal General del Estado, Oscar Germán Latorre, quien se refirió a las investigaciones fiscales realizadas por la presunta desaparición forzada y tortura de Arrom y Martí.
El procurador general, Sergio Coscia, señaló que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.
Indicó que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados y de los vecinos de las tres casas en las que denuncian Arrom y Martí que estuvieron retenidos. El abogado de los demandantes señaló, por su parte, que durante la investigación se desecharon investigaciones de testigos claves que habían observado movimientos extraños el día del presunto secuestro, el 16 de enero de 2002. Denunció además que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en el día en que fueron encontrados sus clientes.
Declaró que Arrom y Martí solicitan cada uno US$ 50 millones, que se trata de una suma simbólica que tiene como objeto llamar la atención sobre la gravedad de los hechos. En tanto que el procurador general solicitó en representación del Estado paraguayo que se dicte un sobreseimiento respecto a las alegadas violaciones de Derechos Humanos contra Arrom y Martí. Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales el 8 de marzo. La Corte IDH analizará los alegatos y emitirá un fallo judicial sin plazo definido para esto.