El Presupuesto General de la Nación para el año 2022 (PGN 2022) establece que las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) destinarán el 90% de los recursos transferidos por el Estado para gastos misionales y/o inversiones inherentes a los Planes de Acción declarados en el proyecto presentado para el ejercicio fiscal en curso. De esta manera solo el 10%, como máximo, podrá ser asignado a gastos administrativos.
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Estas organizaciones no podrán destinar fondos o recursos del Estado a actividades distintas a las previstas en los Planes de Acción declarados en el proyecto presentado para el presente ejercicio fiscal.
Todas las ONGs, asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro o con fines de bien social deberán presentar rendiciones de cuentas bimestrales por los fondos recibidos y los gastos realizados a la Contraloría General de la República (CGR) y copias visadas por la Contraloría General de la República (CGR) a las Unidades de Administración y Finanzas (UAFs) y/o a la dependencia responsable de la administración de la institución aportante para los desembolsos siguientes y sus fines pertinentes.
En este sentido, también deberán informar semestralmente a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) relacionados misionalmente, sobre los recursos financieros recibidos y la aplicación, así como también sus proyectos, propuestas, metas y resultado esperado. Las documentaciones serán presentadas digitalmente en el sistema habilitado para el efecto.
En caso de que las entidades beneficiarias no den cumplimiento a lo establecido, las Unidades de Administración y Finanzas (UAFs), y/o Subunidades de Administración y Finanzas (SUAFs) de las Entidades aportantes, no presentarán ante la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), del Ministerio de Hacienda, las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), en tanto dure el incumplimiento.
A los efectos de establecer un mejor control de las transferencias, las Comisiones de Cuentas y Control de ambas Cámaras del Congreso Nacional y la Comisión Bicameral de Control de Ejecución de los Gastos Sociales serán encargadas de la fiscalización y seguimiento de la utilización de los fondos asignados a estos organismos.
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