El futuro ministro de  Hacienda y ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, se había mostrado preocupado respecto a las deudas no contabilizadas de la administración actual y, probablemente, con contratistas de obras y proveedores farmacéuticos, los cuales contribuyeron para cerrar el 2022 con un menor déficit fiscal, escenario que “esconde la basura bajo la alfombra”. Sus declaraciones fueron recogidas por la prensa especializada dejando entrever cierto manto de duda en la forma de registro de las cuentas fiscales. Ante esto, el Ministerio de Hacienda emitió en la tarde de ayer domingo un comunicado en el que destaca:

La Ley 1535/1999 de Administración Financiera del Estado (LAFE), sus reglamentaciones, así como la Ley anual de Presupuesto General de la Nación y su Decreto reglamentario respectivo, establece todo el marco normativo del registro de las operaciones del Estado. La contabilidad y las estadísticas fiscales se ajustan estrictamente al marco legal vigente en la materia y a las mejores prácticas internacionales establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP) y el manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Metodología utilizada

Por otro lado, la cartera fiscal asegura que la metodología utilizada para el registro de los ingresos y los gastos, así como para el cálculo del déficit de la Administración Central del Gobierno, se realizan en base a los ingresos efectivamente percibidos y a los gastos obligados y pagados (Art. 37 de la LAFE y el Art. 47 del Decreto 8167/2.000 que reglamenta dicha Ley). Esta misma metodología, es utilizada desde que se encuentra en funcionamiento el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y específicamente el Sistema de Contabilidad (SICO), el cual está operativo desde el año 1997.

Información verificada

Hacienda explica además que la información contenida en la misma es remitida y verificada de manera periódica tanto por entidades nacionales (Contraloría General de la Nación, Congreso Nacional) así como por organizaciones internacionales (FMI, calificadoras de riesgos, inversores).

En los casos que existan compromisos de algunas entidades que al cierre del ejercicio fiscal no han sido obligadas y pagadas, ya sea por una menor disponibilidad de recursos por parte del Fisco o por cuestiones operativas, conforme se establece claramente en las mismas normativas de Administración Financiera y sus reglamentaciones, así como en la Ley de PGN vigente (Art. 121), a los efectos de exponer la situación real de cada entidad en sus informes contables y financieros, deben ser registradas contablemente al cierre del ejercicio, constituyéndose en compromisos pendientes de pagos.

Se arriesga credibilidad construida

Comentarios respecto a la transparencia y la claridad de las cuentas e indicadores fiscales, sin mencionar de manera puntual cuestionamientos a la información originada en base al mecanismo y las normas vigentes señaladas, no hacen más que generar desconfianza en los distintos actores, locales e internacionales, en torno a nuestras estadísticas fiscales, lo cual finalmente podría arriesgar la credibilidad construida y consolidada en décadas y en diferentes gobiernos.

Por último, autoridades del Ministerio de Hacienda dijeron que la institución se encuentra a disposición para exponer la metodología y las informaciones que se generan a partir de esta, a los efectos de disipar cualquier duda al respecto.