El Viceministerio de Mipymes del MIC, a través de la Dirección General de Formalización y Registro, informó que desde el 10 de noviembre de 2025, cuando se reglamentó la nueva Ley de Mipymes y comenzó la automatización del sistema de emisión, se emitieron 470.410 Cédulas Mipymes en todo el país.

Del total registrado en este periodo, 433.191 corresponden a microempresas, 28.887 a pequeñas empresas y 8.332 a medianas empresas, lo que refleja el impacto inmediato del nuevo modelo de gestión, especialmente en el segmento de las microempresas, principal objetivo de la política de formalización.

Este resultado se sustenta en la entrada en vigor de la Ley N° 7444/2025 y su Decreto Reglamentario N° 4535/2025, que introdujeron un cambio estructural en el proceso de emisión de la Cédula Mipymes. El sistema pasó de un esquema mayormente manual a uno automático, interoperable y orientado al usuario, permitiendo ampliar de manera sustancial el alcance del registro, con mayor agilidad operativa, actualización permanente de datos y fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Desde el Viceministerio destacaron que este incremento no implica una ruptura con los avances logrados en etapas previas, sino una evolución del marco legal y operativo, donde la modernización normativa se traduce en mayor cobertura, reducción de la carga administrativa y mejores condiciones de acceso a los beneficios del sistema formal.

¿En qué beneficia la cédula?

De acuerdo con la Ley N.° 7444/2025 y su reglamentación, la Cédula Mipymes constituye el instrumento oficial para el acceso a beneficios diferenciados, especialmente orientados a incentivar la formalización de las microempresas.

Entre los principales incentivos, se establece que las microempresas que obtengan la cédula cuentan con exoneraciones por un periodo de tres años y, posteriormente, acceden a descuentos del 75% para microempresas y del 50% para pequeñas empresas sobre los tributos vinculados a servicios prestados por organismos del Gobierno Central, entidades descentralizadas, municipalidades, gobernaciones y dependencias del Poder Judicial.

Estas disposiciones buscan fortalecer la competitividad del sector, reducir barreras de acceso a la formalidad y consolidar un ecosistema más inclusivo para el desarrollo de las Mipymes, consideradas un eje clave del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.