El Ministerio de Hacienda, tras un análisis exhaustivo de parte de su equipo técnico, recomendó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, sancionado por el Congreso Nacional, según anunció el titular de la cartera, Oscar Llamosas, durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, en Palacio de Gobierno.

Anticipó además que, en el transcurso de hoy, el Jefe de Estado procederá a la firma y publicación de la referida Ley, con lo cual quedará promulgada, tal como lo establecen los requerimientos constitucionales.

En línea con eso, el ministro Llamosas señaló que a partir de ahora trabajarán en la reglamentación de la Ley, a través de la cual se buscará mitigar el impacto de los aumentos que se introdujeron dentro del PGN, a instancias del Congreso.

“El veto parcial no iba a eliminar los aumentos que se dieron y la otra opción, la del veto total de algunos artículos, iba a afectar también a aquellos propuestos por el Ejecutivo, como por ejemplo la creación de un fondo para dar continuidad a la Ley de la carrera de Enfermería. Es decir, no podíamos vetar parcialmente solamente aquellos artículos agregados por el Congreso sin afectar las propuestas del Ejecutivo”, añadió.

El ministro Llamosas dijo que será el Decreto Reglamentario el instrumento que permitirá mitigar el impacto de los aumentos dentro del PGN 2023 y no el veto parcial, al tiempo de recordar que el Ejecutivo cuenta con un artículo que le permite implementar de manera gradual estos aumentos, tanto para los nuevos cargos como para los fondos.

“Vamos a trabajar en la gradualidad de la entrada en vigencia, tanto de los cargos que fueron creados por el Congreso, como en la implementación de los aumentos salariales. Con eso pensamos reducir entre un 50% y 75% el impacto de estos montos.”, agregó.

Finalmente, recordó que desde hace 3 años, el Decreto reglamentario incorpora la disposición de que cada aumento se tiene que dar en el marco de procesos de concurso y que aquellos que no se puedan justificar, no son autorizados por el Ministerio de Hacienda ni incorporados en los sistemas.