El Gobierno Nacional propone reabrir la lista presentada en el acuerdo con las organizaciones campesinas del 2016, con el objetivo de que la refinanciación de deudas pueda llegar a la mayor cantidad de productores.
“Proponemos reabrir el periodo de inscripción de los potenciales beneficiarios del acuerdo firmado en el 2016”, expresó el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja luego de la reunión de trabajo entre altas autoridades del Ejecutivo en Mburuvicha Róga.
Al tiempo de remarcar que el Gobierno Nacional está abierto al diálogo para encontrar una solución a los productores campesinos que tienen inconvenientes con sus deudas, el ministro expresó la inviabilidad del proyecto de ley de condonación de las deudas planteado en este momento ante el Congreso por la organización de labriegos.
“Debemos seguir trabajando en buscar modelos de subsidios que sean abiertos para todos los pequeños productores de la agricultura familiar, no para un listado de solo 17 mil personas, que representa menos del 10 % de los 200 mil pequeños productores. Los subsidios deben enfocarse en fortalecer su inserción y competitividad en la cadena de valor productiva”, refirió el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, durante una conferencia de prensa, junto al presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, y la titular del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León. Fue luego de la reunión de trabajo en Mburuvicha Róga encabezada por el ministro Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y de la que también tomó parte el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos.
El ministro Juan Carlos Baruja expresó que no es necesario aprobar una nueva ley para dar solución a la problemática campesina, ya que el año pasado se dio respuesta a esta situación con la Ley de Rehabilitación Financiera para Pequeños Productores, y en esta ocasión se puede utilizar esta misma herramienta.
Durante la reunión de prensa señalaron que en el año 2016 la marcha campesina inició con un pedido de condonación de deuda de 150 millones de dólares para un listado de aproximadamente 71.000 pequeños productores. Recordaron que la mesa de diálogo trabajó durante más de dos semanas, y en todo este tiempo la postura del Poder Ejecutivo fue que contraria a la condonación, ya que este modelo rompe la confianza dentro del sistema financiero y en consecuencia los condonados terminan quedando fuera del sistema financiero, ergo en el largo plazo son perjudicados. La prueba es que más del 50% de los campesinos que habían recibido créditos antes de la condonación del 99 quedaron fuera del sistema financiero.
Asimismo, la propuesta en todo momento se había centrado en refinanciar y reestructurar las deudas, ofrecer capacitación financiera, apoyo técnico, y nuevos créditos para re insertar a los pequeños productores a la cadena de valor productiva.
Reestructuración de deudas
Informaron que el acuerdo del 23 de abril del 2016 se suscribió bajo estos parámetros y, con los siguientes resultados el año pasado:
• Se reestructuró su deuda a un total de 18.568 clientes del CAH por un monto total de Gs. 76.749 millones. La re-estructuración incluye hasta 10 años de plazo, con dos años de gracia y una tasa de interés subsidiada de entre 6 y 8%.
• Se hizo quita de intereses a 12.148 clientes por un monto total de Gs. 38.659 millones, estos productores han recuperado su estatus de Sujetos de Crédito
• Hasta la fecha ya se han otorgado nuevos créditos por un monto de Gs. 7.231 millones a un total de 3.445 clientes Rehabilitados que irán incrementándose en adelante.
• El BNF realizó compra de deuda por Gs. 4.952 millones, a quienes se les refinanció su deuda bajo los mismos parámetros de CAH
• Todos los Centros de Atención al Cliente del CAH del país realizan Cursos de Educación Financiera, hasta la fecha 17.566 productores fueron beneficiados.
Según el detalle entregado en la conferencia de prensa, los beneficios para los pequeños productores por todo lo ejecutado están próximos a los 50 millones de dólares.
Adicionalmente a los beneficios financieros, entre 2016 y lo que va del 2017, el MAG entregó tractores, insumos, e implementos por valor de más de 80 millones de dólares.
El desarrollo económico y social sustentable de los pequeños productores de la agricultura familiar es una preocupación y una prioridad del gobierno nacional, por ese motivo para la confección del acuerdo del 23 de abril se conformó un comité inter institucional que incluyo al BNF, BCP, CAH, MAG, INDERT, SAS y el Ministro Secretario del Gabinete Civil de la Presidencia. Los números expuestos demuestran que se cumplió plenamente con el acuerdo subscripto.
Indicaron además que en la actualidad, el sector agro no fue golpeado por factores externos como sí había sido golpeado durante el 2015 y 2016, tanto por el precio como por el clima lo cual había propiciado el apoyo extraordinario ofrecido el año pasado, y que unos 36.259 clientes, 86% de la cartera del CAH está al día con sus compromisos, mientras que solo el 14%, 5.688, están en mora. Además, el 20% de estos 5.688 pertenecen a la zona norte desde donde se gesta la actual marcha. En esta zona, la tasa de morosidad aumenta sugestivamente al 80%.
Mencionaron que la marcha actual solicita un subsidio de 34 millones de dólares para un listado de 17.000 pequeños productores (promedio de 2.000 dólares por productor). En este sentido indicaron que el pedido en sí tiene de partida el mismo vicio que el del año pasado, si bien se solicita un “subsidio”, la modalidad de implementación equivale a una condonación, lo cual rompe la confianza dentro del sistema financiero y en el largo plazo perjudica a los productores.
Agregaron que a esto se suma un problema mayor. La condonación o subsidio se pide para un grupo de 17.000 personas lo cual es inviable por los varios motivos, entre ellos:
• No existe, o al menos no fue presentado hasta el momento dicho listado.
• Una ley no puede regir solo para un listado arbitrario de personas, todos los ciudadanos que cumplan los requisitos que se establecen en la ley deben ser pasibles.
• El universo de pequeños productores de la agricultura familiar se estima en 200.000 familias. Un listado de 17.000 beneficiarios no corresponde ni al 10% de este universo.
• Si se proyecta el beneficio promedio solicitado de 2.000 dólares por familia, el costo de la medida sería de 400.000 millones de dólares.
• No solo la condonación rompe la confianza, sino que es económicamente inviable para el gobierno costear una medida así.
Mediante el documento entregado expresaron que las autoridades como el Presidente del Congreso, Fernando Lugo, apoyan este modelo de subsidio / condonación como concepto, a la vez que mencionan que esto es una práctica común en países desarrollados como Estados Unidos de América. Acotaron sin embargo, que se debe contextualizar estos apoyos en las cifras macroeconómicas de los países. “El sector agropecuario representa solo el 4% del PIB de EUA, que además tiene un promedio de impuestos del 35%. En el Paraguay, que recauda solo 10% de impuestos, el sector agro tiene un peso de 25% del PIB. En este marco, es claro que este modelo de subsidio, que se ejecuta bajo un modelo de condonación de deuda al sector agro, no es sustentable en nuestro país”, afirmaron.
Según indicaron que se debe continuar trabajando en modelos de apoyo que incrementen la competitividad y el desarrollo sustentable del sector con apoyos técnicos, innovaciones tecnológicas, capacitación, e inclusión financiera, y en este marco reiteraron que el Gobierno Nacional, incluyendo todas las instituciones que sirven a este sector, está nuevamente abierto al diálogo para buscar soluciones que sean, abiertas para todos los pequeños productores de la agricultura familiar, que se centren en fortalecer su inserción y competitividad en la cadena de valor productiva, y que sean económicamente viables.
En este contexto significaron que dentro de las nuevas condiciones legales que rigen al BNF, existe posibilidad de ampliar el plazo para incluir a más beneficiarios dentro de los programas de rehabilitación financiera. Esto debe ser discutido y analizado para asegurar la viabilidad y legalidad de esta nueva medida, manifestaron las autoridades del Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa.