La última oferta del Gobierno de España sobre los Ertes ha dado un vuelco a la voluntad de la patronal, que ha aprobado por unanimidad la propuesta. De hecho, en las últimas horas las organizaciones empresariales arrancaron del Ejecutivo numerosas mejoras sobre documentos previos.
Los Ertes abarcarán a más empresas y trabajadores de lo inicialmente previsto y eso es un logro de los agentes sociales, pero hay aún un escollo que no sólo atañe a las empresas y los trabajadores sino al conjunto de la economía: la prohibición de despedir durante seis meses, una medida que aviva el riesgo de crear empresas zombies e, incluso, sectores zombies.
Esa prohibición de despedir durante seis meses se refiere a empresas en Erte y, en principio, comienza a contar desde que se saca del mismo al primer trabajador, todo ello aclarando que la prohibición no se refiere exactamente a impedir el despido, sino a que éste depare una indemnización de 33 días por año trabajado, en vez de las de causas económicas, a 20 días por año, lo cual engrosa el fardo de gastos de las empresas.
Igual que el apoyo de los Ertes debe ser «quirúrgico», como dicen las patronales, lo que requiere una Administración mucho más potente, que pueda llegar a conocer la solvencia de cada empresa de cada rama y sector, para evitar proteger a compañías que no hayan hecho los deberes, en detrimento de las más castigadas por la pandemia, sucede que la generalización de la prohibición de despedir se torna en un yugo que aboca a cierres de compañías que aparente y transitoriamente mantendrán la plantilla para evitar un desembolso en indemnizaciones hasta que la prohibición venza.
En este sentido se pronuncia el economista Javier Santacruz. La extensión de los ERTE tiene una cara negativa para la economía española, explica, dado que la limitada capacidad de la Administración para analizar en detalle cada empresa solicitante y, con ello, determinar si una empresa es solvente o no, hace que se pueda extender el riesgo de crear no sólo empresas sino incluso sectores enteros de actividad ‘zombies’, una situación que se pueda cronificar en el tiempo, con el coste que eso tiene para las maltrechas arcas de la Seguridad Social.
El daño es triple: al empresario, que ve sus cuentas lastradas y no tiene un elemento de redimensión de plantilla para garantizar la viabilidad del negocio; al trabajador, prisionero de un limbo legal que puede abocarle a no cobrar ni por Erte, ni por despido ni por desempleo; y a las Cuentas Públicas, que pueden desviar recursos a empresas que no han hecho bien sus deberes antes de la pandemia en vez de apuntar a las que más lo necesiten.
Fuente: El Economista