Esta iniciativa busca abordar el problema de sostenibilidad financiera y actuarial del sistema, el cual requiere de importantes ajustes que garanticen el cumplimiento adecuado de los beneficios presentes y futuros. Con la creación de la Comisión Nacional, se establece un espacio de trabajo ampliamente representado y colaborativo que permitirá un análisis exhaustivo de la situación jurídica, financiera y actuarial, y otorgará legitimidad requerida al proceso de reforma.
La Comisión deberá formular una propuesta integral de reforma que resuelva la heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los regímenes, y garantice su sostenibilidad financiera y actuarial. La propuesta deberá tomar en cuenta los estudios técnicos, financieros y actuariales producidos en el seno de la Comisión, y los impactos demográficos en los diferentes sectores que conforman el sistema. La misma estará conformada por representantes de los tres Poderes del Estado, los sectores que comprenden los Programas Contributivos Civil y No Civil, la academia y la sociedad civil, quienes deberán tomar decisiones consensuadas en un contexto de pluralidad y equilibrio.
Luego de la aprobación del proyecto de Ley, la Comisión tendrá un plazo de tres meses para la elaboración y presentación de un diagnóstico integral sobre el sistema, en los aspectos financieros, actuariales y jurídicos. Posterior a la presentación del Informe de Diagnóstico, y dentro de los tres meses siguientes, la Comisión deberá presentar al Poder Ejecutivo una propuesta legislativa que permita mejorar el sistema de jubilaciones y pensiones, haciéndolo más eficiente, equitativo y homogéneo, y cumplir con el compromiso constitucional respecto a la actualización de los haberes jubilatorios, respetando los derechos adquiridos.
El Ministerio de Hacienda resalta la necesidad de abordar esta problemática con urgencia para corregir las inequidades y distorsiones que afectan al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, garantizar su sostenibilidad financiera y actuarial, y cumplir con el mandato constitucional referente al mecanismo de actualización, con respeto al principio de igualdad y no discriminación.
La creación de la Comisión Nacional para el estudio de la reforma integral del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público es una iniciativa de suma importancia no solo para el sistema mismo, sino también para el resto de la sociedad, considerando que gran parte del déficit generado es financiado con recursos provenientes de los impuestos generales. La propuesta legislativa busca garantizar la equidad y el bienestar de todos sus afiliados y beneficiarios, presentes y futuros, y espera contar con el apoyo de la los sectores afectados, de la ciudadanía en general y del cuerpo legislativo.
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