Entre el 2002 y 2003, el Paraguay llevaba 20 años de estancamiento económico, la pobreza alcanzaba casi el 50%, el Estado se encontraba prácticamente en un estado de insolvencia por la incapacidad de pagar sus cuentas. En el 2003 asume el nuevo Gobierno y se firma un pacto entre el Ejecutivo, Legislativo y el sector empresarial para así impulsar una serie de reformas, que incluía la reducción de tasas impositivas y la mejora de gastos de la Administración Pública.

La primera parte se cumplió, no así la segunda. La reforma tributaria permitió destinar de los ingresos adicionales más de USD 2.000 millones al año a gastos salariales en los últimos 20 años. Los ingresos fiscales se multiplicaron 8 veces desde el 2003 y en la misma proporción crecieron los gastos públicos. Sin embargo, la ciudadanía no ha recibido mejor salud, mejor educación, mejor seguridad ni infraestructura, ya que gran parte del aumento de estos ingresos se destinaron a gastos salariales.

La ciudadanía debe conocer mejor esta situación y actuar para cambiarla. La contribución de Desarrollo en Democracia (DENDE) a este propósito es la creación de una Unidad de Análisis del Gasto Público que permitirá proveer a la ciudadanía información oportuna y confiable sobre el uso del dinero público. Durante Plaza Pública DENDE, el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, y el economista y exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, explicaron el objetivo de esta nueva Unidad, bajo el contexto temático “El despilfarro en el Gasto Público y la necesidad de una ciudadanía informada y exigente”, con la moderación de Yan Speranza.

César Barreto recordó que la reforma del 2003 junto al nombramiento de técnicos al frente del Ministerio de Hacienda posibilitó al país, a lo largo de estos años, mantener un orden en la macroeconomía, una deuda pública controlada e incluso se pudo utilizar el margen de endeudamiento que tenía el país para enfrentar un choque muy fuerte como la pandemia.

Por otra parte, lamentó que la clase política no haya acompañado las reformas y por el contrario haya seguido manejando los recursos estatales con criterios no técnicos. “Yo creo que hemos fracasado, porque los niveles del gasto público en términos de montos han crecido mucho, sin embargo, el uso de esos recursos deja mucho que desear”, agregó.

Aunque la reforma del 2003 dio buenos resultados, en el año 2012 el Poder Legislativo otorgó un incremento salarial para el sector público que marcó el inicio de un periodo de déficit fiscal que hasta la fecha no puede ser revertido. Esta decisión provocó el crecimiento del gasto salarial de USD 800 millones por año, sin que redunde en mayores beneficios para la ciudadanía.

Remarcó que las remuneraciones del sector público no pueden estar desapegadas de la economía en general, porque finalmente quienes terminan pagando esas remuneraciones son los contribuyentes.

Aunque en Paraguay no hay muchos partidos políticos, la existencia de movimientos dentro de cada partido, y principalmente dentro del Partido Colorado, provoca que el presidente de la República deba realizar acuerdos con los legisladores para lograr gobernabilidad, que generalmente implica el uso de recursos del Estado a cambio.

Necesidad de impulsar reformas para mejorar el uso de recursos

Si bien la intención de la Unidad de Análisis del Gasto Público es crear conciencia sobre el uso de los gastos estatales, Barreto es consciente de la necesidad de realizar reformas estructurales para mejorar el uso de los recursos públicos. Estos cambios incluyen una Ley de Ministerios y reestructuración del Poder Ejecutivo, de manera a reducir la superposición de funciones que se tienen hoy en varios sectores.

También recordó que la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2013 permitió que se ponga un tope al endeudamiento público y la suba salarial. No obstante, Barreto hizo hincapié en la necesidad de renovar acuerdos de este tipo cada tanto, principalmente porque se debe volver a su aplicación plena en el 2024, tal como planea el Ministerio de Hacienda.

Manifestó preocupación, porque no se tiene el mismo contexto internacional del 2003, las proyecciones indican que la situación podría empeorar en los próximos 10 años, con un estancamiento en el crecimiento de la recaudación tributaria y mientras tanto actualmente en el Congreso está incrementando los gastos rígidos para satisfacer a la clientela política.

“Nuestra misión con este proyecto es tratar de que la ciudadanía tenga conciencia de que cada guaraní es importante en su uso y que los funcionarios públicos ya ganan bien, y también hablar de la estructura del gasto público, pues existen otros gastos que no tienen ningún sentido”, señaló.

Gastos públicos se han octuplicado

Por su parte, el economista Manuel Alarcón recordó que en el 2003 el Presupuesto del Poder Ejecutivo era de aproximadamente G. 7 billones, y en el año 2021 la cifra trepó a G. 47 billones, prácticamente se ha octuplicado el plan de gastos, pero sin que se traduzca en un mejoramiento del bienestar de la ciudadanía.

La rigidez de gastos dentro del Presupuesto General de la Nación está marcada por los salarios, los haberes jubilatorios de la Caja Fiscal y el servicio de la deuda pública. El stock de endeudamiento que se tenía hace 10 años atrás ya no es el mismo, a lo cual debe sumarse el aumento de la tasa de interés, lo que conlleva a mayores restricciones al Presupuesto. A la vez, señaló que es más partidario de acceder a créditos de bilaterales o multilaterales para inversiones y no a los Bonos Soberanos, debido a la excesiva discrecionalidad en su uso.

Por ello, es necesario empezar a debatir sobre las reformas profundas que necesita el país, como la seguridad social, compras públicas, la relacionada con la estructura de gastos estatales, tanto en materia salarial, nivel óptimo de la deuda pública, entre otros. Alarcón sostuvo que hay que discutir sobre estos temas, pues no se puede pensar en un mayor aporte del sector privado en materia tributaria, sino se obtiene un compromiso de mejora de parte del sector público.

Añadió que, si bien hubo avances en materia de transparencia de datos del sector público, y todos los ministerios hacen sus rendiciones de cuentas, no pasan de monólogos de los ministros y autoridades en las presentaciones de los datos, sin que nadie cuestione.

“Justamente desde DENDE el objetivo es ser custodios de esos datos. Lo que vamos a hacer es estar monitoreando, darle un seguimiento y levantar las señales de alerta. Deberíamos ir generando una agenda para contraponer esos pesos y tener obviamente políticas de calidad y que se traduzcan en un mejoramiento del bienestar para la ciudadanía”, aseveró.

Insistió en que se deben generar las bases para que se genere un acuerdo público privado, porque los recursos son de todos los paraguayos, pero el que los asigna es una minoría.

Entretanto, el titular de DENDE, Alberto Acosta Garbarino, explicó que la Unidad Especial de Análisis y de Monitoreo del Gasto Público proveerá datos mensualmente, trimestral y anualmente, para que la ciudadanía pueda estar informada y participe en los debates. “Esta Unidad pretende poner su grano de arena para que la ciudadanía se pueda involucrar en este tema que hoy parece que, de los políticos, de sindicalistas y de proveedores del Estado. Si Paraguay no mejora la calidad de su gasto público no tiene mucha posibilidad de desarrollarse en los próximos años”, aseguró.

Para acceder a los datos primarios y poder analizarlos, justamente DENDE está gestionando un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para dar seguimientos a los números, contar con evidencias y así contribuir con las salidas que favorezcan al país y a la ciudadanía.

Finalmente, Yan Speranza manifestó que este nuevo espacio pretende sentar las bases para que se debata con mucha mayor profundidad, basada en evidencia, con la esperanza de que se generen condiciones para que efectivamente se vayan logrando ciertos pactos o acuerdos que cambien la dirección con respecto a cómo utilizamos los escasos recursos que tenemos.

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