El veto del Poder Ejecutivo dado a conocer hoy jueves 28 de octubre de 2021 del proyecto de Ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos trasmisibles electrónicos”, específicamente, del artículo 103, es objeto de rechazo por parte de los bancos que operan en el sistema financiero paraguayo.

Según un comunicado dado a conocer en la fecha por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), las intermediarias bancarias consideran que el Ejecutivo comete un grave error de valoración sobre el impacto de dicho artículo en el negocio de los giros de las empresas de telefonía a través de sus EMPES.

Los bancos lamentan que el Ejecutivo priorice el interés de una empresa en particular, poniendo en riesgo a la población, pasando por alto los más actuales y modernos estándares en los servicios digitales. Además, se muestran preocupados porque se hayan ignorado los argumentos y evidencias documentales de publicaciones de varios organismos internacionales y experiencias de países de la región, presentados por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

El comunicado destaca además que los giros de las telefónicas seguirán como siempre, de existir algún costo adicional, no tienen por qué trasladarse estos costos al usuario, y tampoco debe implicar trámites adicionales y que la seguridad alta ayudará a reducir sustancialmente la criminalidad, delitos y crímenes que hoy nos acechan a diario, dada la habilitación de líneas telefónicas y billeteras electrónicas con sistemas débiles de identificación de la identidad de los usuarios. Este es un elemento que el Ejecutivo nunca debió desoír, pues deja a la ciudadanía al arbitrio de la criminalidad, expresa.

Finalmente, los usuarios, la ciudadanía y el país solo tienen mucho por ganar con un nivel de seguridad alta en la verificación de la identidad para las operaciones financieras, según el comunicado de la Asoban que se compromete a seguir insistiendo con el Congreso, senadores y diputados para el rechazo del veto en razón de la certeza de que una seguridad alta es hondamente beneficiosa para usuarios y ciudadanos y no implica que el negocio de los giros de las telefónicas sea afectado.