Las modificaciones al proyecto de Ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” fueron planteadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de implementar reglas claras para el ingreso, ascenso y promoción en el sector público, a fin de elevar su eficiencia y jerarquizar al funcionariado, respetando en todo momento los derechos adquiridos con anterioridad.

La iniciativa está en consonancia con las acciones llevadas adelante por el Gobierno en busca de iniciar el proceso sistemático y concreto de la reingeniería del Estado paraguayo, con el propósito de lograr una administración más ágil, previsible y transparente.

En ese sentido, el proyecto del Ejecutivo, presentado el martes 13 de febrero de 2023 por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional, plantea un nuevo marco institucional de la función pública, para evitar repetir los mismos errores que hoy afectan a la Ley N.° 1626/2000 “De la Función Pública”.

La propuesta de ley, que se encuentra disponible y de libre acceso en el Sistema de Información Legislativa Paraguay (SILPY), tiene un alcance general para todas las instituciones públicas que integran el Presupuesto General de la Nación, respetando la autonomía de los diferentes Poderes del Estado, que serán los encargados de la aplicación de la misma.

Entre los ajustes planteados, se destaca la obligatoriedad de realizar el concurso público para ingresar a la Función Pública, con excepción para los puestos de conducción política, asesores y de confianza, para los cuales se establecen normas especiales con ciertos requisitos que deberán cumplirse para ocupar dichos cargos.

Asimismo, se incorporan disposiciones obligatorias para erradicar los actos de corrupción en contra de la administración pública, que afectan directamente a la eficiencia del Estado y ponen en riesgo las finanzas públicas.

Cabe destacar que el proyecto del Poder Ejecutivo, elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Economía y la Procuraduría General del Estado, propone modificaciones al proyecto de ley presentado por el anterior Gobierno al Congreso Nacional, el 21 de octubre del 2022, al cual se aplicaron ajustes para una mayor racionalidad jurídica y pragmática.

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