La Cámara Paraguaya del Cuero (CPC) emitió hoy miércoles 6 de mayo un comunicado para manifestar su posición ante las recientes declaraciones de las ONGS: Survival International, Global Witness y Earthsight que cuestionan la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria nacional del cuero. La CPC reconoce los derechos del pueblo Ayoreo-Totobiegosode y el valor de sus tierras en el marco de nuestra Constitución (ley fundamental) en el Gran Chaco.

El gremio dice compartir la preocupación por la protección efectiva de ese territorio y que está dispuestos a participar en instancias de diálogo multipartitas —con el Estado, comunidades indígenas y organizaciones civiles que actúen con transparencia— para seguir avanzando en la cadena de valor responsable del cuero paraguayo. Valora el debate público sobre la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas: son temas que esta industria asume con seriedad y responsabilidad. Sin embargo, el legítimo reclamo de los pueblos indígenas no puede ser utilizado como instrumento de presión comercial por organizaciones externas que no asumen las consecuencias económicas y sociales de sus acciones sobre las miles de familias paraguayas que dependen de estas industrias, asegura.

Con fundamento a lo expuesto, el gremio manifiesta que rechaza las afirmaciones inexactas de Teresa Mayo (Survival International) sobre la ausencia de trazabilidad en la cadena del cuero paraguayo, por ser contrarias a la evidencia disponible y perjudiciales para una industria que cumple la normativa nacional e internacional.

Aclara que la trazabilidad del cuero paraguayo cuenta con bases sólidas y verificables Paraguay cuenta desde hace años con mecanismos de trazabilidad en su cadena ganadera, respaldados por normativa vigente y sistemas de identificación y control implementados a nivel nacional.

Señala también que observa con preocupación el patrón de actuación coordinada de Survival International, Global Witness y Earthsight, y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que activen los mecanismos diplomáticos y comunicacionales pertinentes para defender los intereses legítimos de la industria nacional y por sobre todo la marca país que con tanto sacrificio lo estamos construyendo. Entre ellos se encuentran el Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), establecido por la Ley N° 7221/23, y el Sistema Nacional de Trazabilidad creado por el Decreto N° 1541/2024.

La CPC respalda a las empresas paraguayas señaladas en los informes de Global Witness y reitera que el cuero paraguayo es producido, procesado y exportado en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. Además, invita a los compradores europeos, a los medios de comunicación y a los organismos de la Unión Europea a verificar directamente los sistemas de trazabilidad disponibles — RETSA PY, SIAP, SITRAP, INFONA, antes de adoptar decisiones basadas en informes que no son reales sobre la realidad del Paraguay.

Sobre esta base, el país ha experimentado avances orientados a integrar y complementar estos sistemas, incorporando herramientas como el Sistema de Trazabilidad Socioambiental del Paraguay (RETSA PY), una herramienta desarrollada en el marco del programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea, como parte de iniciativas que fortalezcan la sostenibilidad y la trazabilidad en cadenas productivas, destaca en otra parte el comunicado

Asegura que está abierta al diálogo técnico, a las auditorías independientes y a la cooperación con todos los actores que actúen de buena fe y con rigor en la construcción de cadenas de valor responsables. Atentamente Este sistema permite articular la información existente, incorporar criterios socioambientales y acompañar la adecuación a nuevas exigencias internacionales, como el Reglamento (UE) 2023/1115.

La Cámara Paraguaya del Cuero, presidida por Emilio Bedoya, aclara que a la fecha, no se han presentado evidencias verificables que respalden las afirmaciones que vinculan exportaciones paraguayas con situaciones específicas señaladas en los informes. El cuero paraguayo es legal, trazable y sostenible y miles de familias paraguayas trabajan con responsabilidad para producirlo, afirma.

Por otro lado, señala que el contexto de estas acciones necesitan transparencia en el análisis. «No podemos dejar de señalar que las declaraciones de Survival International, las publicaciones de Global Witness y los informes de Earthsight — las tres organizaciones radicadas en Londres— se han concentrado en el mismo período, sobre los mismos actores de la cadena paraguaya del cuero, con el mismo efecto: presionar a los compradores europeos para que suspendan sus relaciones comerciales con Paraguay», destaca.

Para la CPC, este hecho nos lleva a visualizar un llamativo patrón que coincide en el tiempo con la entrada en vigor provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea el 1° de mayo de 2026. La CPC no puede ignorar que existen intereses de competencia comercial que se benefician del retiro del cuero paraguayo de los mercados europeos, y que parte del financiamiento de estas organizaciones proviene de fondos con vínculos documentados con ese entorno, dice.

La CPC no atribuye automáticamente mala fe a cada investigador o a cada organización. Sí afirma que el escrutinio debe ser recíproco: los compradores europeos, los consumidores finales y los medios de comunicación tienen derecho a saber quién financia estas campañas y qué intereses representan.

«Nuestro compromiso con la sostenibilidad y los derechos de los pueblos indígenas La CPC reconoce los derechos del pueblo Ayoreo-Totobiegosode y el valor de sus tierras en el marco de nuestra Constitución (ley fundamental) en el Gran Chaco. Compartimos la preocupación por la protección efectiva de ese territorio y estamos dispuestos a participar en instancias de diálogo multipartitas —con el Estado, comunidades indígenas y organizaciones civiles que actúen con transparencia— para seguir avanzando en la cadena de valor responsable del cuero paraguayo», asegura.

Sin embargo, el legítimo reclamo de los pueblos indígenas no puede ser utilizado como instrumento de presión comercial por organizaciones externas que no asumen las consecuencias económicas y sociales de sus acciones sobre miles de familias paraguayas que dependen de esta industria, expone.

La CPC rechaza las afirmaciones «sin fundamentos técnicos» sobre la ausencia de trazabilidad en la cadena del cuero paraguayo, por ser contrarias a la evidencia disponible y perjudiciales para una industria que cumple la normativa nacional e internacional. Observa con preocupación el patrón de actuación coordinadas por las tres organizaciones mencionadas, y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio que activen los mecanismos diplomáticos y comunicacionales pertinentes para defender los intereses legítimos de la industria nacional.

Respalda a las empresas paraguayas señaladas en los informes de Global Witness y reitera que el cuero paraguayo es producido, procesado y exportado en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales aplicables. Invita a los compradores europeos, a los medios de comunicación y a los organismos de la Unión Europea a verificar directamente los sistemas de trazabilidad disponibles —RETSA PY, SIAP, certificaciones LWG — antes de adoptar decisiones basadas en informes que omiten deliberadamente esta información. Recuerda que el gremio está abierto al diálogo técnico, a las auditorías independientes y a la cooperación con todos los actores que actúen de buena fe y con rigor en la construcción de cadenas de valor responsables.