Paraguay tiene unos 20 años más para aprovechar la oportunidad de ampliar capacidades de la juventud y generar condiciones para el desarrollo del país
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Actualmente el 27 % de la población paraguaya tiene entre 15 y 29 años de edad (CELADE, 2022). Las proyecciones de población anticipan que el volumen de población joven continuará creciendo hasta aproximadamente el 2043, con lo cual el país tiene la oportunidad de aprovechar las ventajas que ofrece el plus de población en edades activas para la generación de riquezas y desarrollo nacional.
Según el estudio presentado hoy jueves 26 de octubre en un céntrico hotel asunceño y denominado «Informe sobre juventud en el Paraguay: insumos para una política pública de juventud», elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el riesgo de perder el bono demográfico es alto.
Paraguay tiene unos 20 años más para aprovechar la oportunidad de ampliar las capacidades de la juventud y generar las condiciones para el bienestar de las personas y el desarrollo del país. El desafío no es solo mejorar sino también reducir las brechas que persisten entre hombres y mujeres, jóvenes rurales y urbanos, indígenas, afrodescendientes, entre otros grupos vulnerabilizados, lo cual exige incorporar el enfoque de género, de interculturalidad y territorial en las políticas, programas y acciones.
Las desigualdades territoriales en las coberturas de los servicios persisten a pesar de que algunas brechas han tendido a cerrarse. No obstante, la mayor parte de los servicios, en particular los especializados o dirigidos a grupos específicos de la población, permanecen concentrados en las áreas urbanas y especialmente metropolitanas.
Adicionalmente al esfuerzo necesario para ampliar coberturas y mejorar la calidad es fundamental llenar los vacíos en las políticas. Numerosos y profundos problemas extendidos en cantidad de jóvenes afectados no cuentan con programas e incluso políticas.
Uno de los principales temas pendientes es la implementación de la política de cuidado, fundamental para visibilizar, reconocer y redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado en las mujeres jóvenes, la cual obstaculiza su autocuidado en salud, su permanencia en el sistema educativo y la calidad de su acceso al mercado laboral. Otra política transversal a las áreas de estudio, que se identifica como deficitaria, es el sistema de transporte público eficiente y de calidad.
La eficiencia y el impacto de las intervenciones públicas dependen de que se dirijan a las causas de los problemas de manera oportuna y garantizando el abordaje integral de los problemas.
En los ámbitos de salud, educación y empleo, la adolescencia se convierte en una etapa que define de manera importante las condiciones del resto de la vida de las personas, es por ello, que es de suma importancia contar con políticas públicas adecuadas que potencien su calidad de vida. Esto implica que la adolescencia y juventud se visibilice en todas las políticas y que se cuente además con políticas específicas.
Mirada prioritaria en salud
Los temas de salud en la juventud que exigen una mirada particularmente prioritaria por parte de la política de salud atendiendo a la gravedad de sus consecuencias en términos de morbimortalidad son: en el caso de las mujeres, el suicidio y el embarazo en la adolescencia, y de los hombres, los accidentes. En este grupo etario ya se observan factores de riesgo en torno a los hábitos de vida no saludables como sedentarismo, mala alimentación, uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas, que además pueden conllevar a enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión y diabetes. Otro problema, no menor, son las altas tasas de suicidio, depresión, ansiedad, y el consumo problemático de sustancias.
Recomendaciones
Al respecto, las principales recomendaciones en este ámbito giran en torno a garantizar el derecho a la salud de todas las personas adolescentes y jóvenes, para lo cual se requiere de un abordaje diferenciado con enfoque de derechos, de género y de interculturalidad que contemple las necesidades específicas de estos grupos etarios, las brechas en el acceso y los determinantes, considerando las consecuencias y el impacto en sus vidas, la de sus familias y en el desarrollo del país. De allí se desprenden las siguientes recomendaciones específicas:
• Incrementar la inversión y mejorar la calidad del gasto social en salud, a fin de financiar la cobertura nacional de las unidades de salud familiar, y la universalización de la implementación del modelo de atención integral a adolescentes en todo el Sistema Nacional de Salud, acorde a estándares, desde el nivel primario de atención.
• Ampliar la cobertura del seguro social, a través de la formalización del empleo juvenil y la ampliación de la red de servicios del Instituto de Previsión Social.
• Fortalecer programas de educación y el acceso a información para desarrollo de habilidades blandas, promover hábitos y estilos de vida saludable, para adolescentes y jóvenes, sus familias y comunidades, enfatizando la prevención de adicciones, accidentes, embarazos no intencionales, infecciones de transmisión sexual y VIH, promoción de autoestima, autocuidado,salud mental, la no violencia y alimentación saludable, desde un abordaje intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario con enfoque de género y de derechos, culturalmente respetuoso, para contribuir al pleno desarrollo de adolescentes y jóvenes, a la toma de mejores decisiones y a su calidad de vida.
• Garantizar que los modelos de atención y la oferta de cuidados de salud de adolescentes y jóvenes por nivel de atención contenga orientación, información, atención integral calificada, incluyendo salud mental, salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos no intencionales, prevención, detección y atención de casos de violencia, referencia y contrarreferencia.
• Ampliar la oferta de tratamiento y rehabilitación en los casos de consumo problemático de alcohol y otras drogas que incluyan diferentes modalidades de intervención acorde a lo estipulado en la ley Nº 7018/2022 de Salud Mental.
• Poner en marcha estrategias para mejorar la educación vial y el control del cumplimiento de la normativa de tránsito y seguridad vial, con el objetivo de prevenir accidentes, así como fortalecer la atención oportuna y la rehabilitación de las víctimas de accidentes.
• Afianzar las competencias requeridas del personal de salud para prestar servicios de salud integral calificados a personas adolescentes y jóvenes, conforme al paquete básico de servicios establecido, incluida la evaluación psicosocial y física adecuada y el cuidado holístico individual. Asimismo, que respeten, protejan y velen por que se cumplan los derechos de adolescentes y jóvenes en el ámbito de salud.
• Mejorar la infraestructura, equipamientos de los establecimientos de salud, los horarios de atención y tecnología para garantizar la prestación de servicios de salud integrales, inclusivos y de calidad, tanto intramurales como extramurales, conforme al modelo de atención y al paquete de servicios establecido por nivel de atención para adolescentes y jóvenes.
• Asegurar la disponibilidad de insumos y medicamentos acorde al paquete de servicios por nivel de atención, para adolescentes y jóvenes.
• Involucrar a familias, comunidades para promover y apoyar el acceso y utilización de establecimientos de salud integrales por parte de personas adolescentes y jóvenes y para identificación oportuna de factores y signos de riesgo.
• Involucrar a los demás sectores e instituciones para implementar las acciones que brindan educación e información basada en evidencia para la promoción de la salud y bienestar, para la prevención de la morbimortalidad evitable de este grupo poblacional, y contribuir de esta manera al desarrollo del máximo potencial a adolescentes y jóvenes sin dejar a nadie atrás.
En el ámbito de la educación, la exclusión educativa en el nivel formal persiste a pesar de la existencia de oferta hasta el Nivel Medio. La oferta en el nivel superior o no formal es baja, además de la existencia de obstáculos de todo tipo que limitan el acceso o desincentivan a los jóvenes. Entre los obstáculos más importantes se encuentran los económicos –necesidad de trabajar y aportar al hogar y los costos de estudiar– y los familiares –necesidad de destinar tiempo en el hogar–.
Desinterés por el estudio
El desinterés por estudiar es un factor que debe ser abordado en primer lugar con un mejor conocimiento de las percepciones juveniles y, en segundo lugar, a través de una evaluación de las barreras que impiden una transición escuela-trabajo más fluida. Probablemente debido a la baja calidad y pertinencia del aprendizaje y la desvinculación entre los currículos educativos y la demanda laboral, la juventud no sienta la existencia de los retornos económicos. A continuación, se propone algunas recomendaciones:
• Universalizar la Educación Media ampliando la oferta educativa.
• Integrar y ampliar la cobertura de los numerosos programas, como Tekoporã, alimentación y kits escolar y becas, para incentivar la permanencia en el sistema educativo.
• Implementar políticas de cuidado que reduzcan el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres.
• Garantizar la pertinencia de la oferta educativa indígena, así como las políticas de protección social que permitan su permanencia y el aprendizaje de calidad.
• Diseñar una estrategia para garantizar el acceso, la permanencia y los logros educativos de las personas con discapacidad.
• Coordinar con el MSPBS la integración de los contenidos educativos necesarios para la promoción y la prevención de la salud, incluyendo aquellos que permitan prevenir la violencia y el abuso sexual.
• Mejorar la calidad de la enseñanza tanto en la educación formal como no formal.
• Aumentar la oferta territorial de educación continua y vincular la misma al mercado laboral.
• Monitorear los efectos de todas las intervenciones en las brechas educativas.
• Fortalecer la educación terciaria con una mayor oferta de tecnicaturas y licenciaturas vinculadas con la demanda del mercado laboral.
• Impulsar un debate sobre la pertinencia y calidad de la educación superior de manera a avanzar en las reformas que requieren el aumento de las capacidades y oportunidades de la juventud y el mercado laboral.
• Desarrollar evaluaciones e investigaciones para comprender mejor las causas de exclusión educativa, lo que permitirá conocer los costos de oportunidad, percepciones y barreras que tiene la juventud de acuerdo con su edad, sexo, área de residencia, nivel socioeconómico, orientación sexual, entre otras características.
• Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías, en particular en las poblaciones más rezagadas.
Las actuales condiciones del mercado laboral juvenil constituyen un problema para la juventud y para el país. Las personas jóvenes pierden la oportunidad de desarrollar sus potencialidades y de contar con autonomía económica a lo largo de su vida y el país desaprovecha la oportunidad de reducir la pobreza y las desigualdades, y favorecer la sostenibilidad del crecimiento económico, de la seguridad social y de la deuda pública.
La transformación que requieren los jóvenes y el país exige medidas urgentes que se presentan a continuación
• Concientizar e informar sobre los derechos laborales y la vigencia del marco normativo, programático y organizacional de la oferta pública de manera que la juventud pueda demandar y ejercer su ciudadanía económica.
• Poner el trabajo remunerado adolescente permitido y juvenil como prioridad en la agenda pública y en el diálogo social, incorporando como temas específicos la transición de la escuela al trabajo, la formación laboral continua y la inclusión en el sistema de seguridad social contributiva.
• Incorporar las desigualdades existentes (económicas, territoriales, de género y étnicas) y las causas que impiden un acceso de calidad al trabajo en cualquier intervención, política, programa o plan.
• Apoyar la aspiración emprendedora de la juventud de manera a aumentar su productividad, competitividad y formalización tributaria y laboral a través del apoyo al acceso a la información, la asistencia técnica y la inclusión financiera (cuentas bancarias, créditos, seguros, ahorro, entre otros productos).
• Ampliar la cobertura y eficacia de los servicios de empleo, mejorando los procesos de digitalización.
• Analizar el sector de empleo en plataformas digitales y elaborar una propuesta de formalización a partir del análisis de experiencias internacionales.
• Aumentar cobertura y calidad de los servicios de formación profesional, recalificación y certificación de competencias.
• Incrementar los sistemas de pasantías con garantía de remuneración decente para consolidar la formación profesional de los jóvenes en las empresas y el sector público y facilitar la transición escuela-trabajo.
• Crear un sistema de financiamiento para la educación superior que incluya transferencias monetarias condicionadas, becas y crédito estudiantil atendiendo a los costos de oportunidad y a las desigualdades económicas, territoriales, étnicas y de género.
• Crear productos financieros (ahorro, seguros, créditos) adaptados a la realidad juvenil y con base en una fuerte educación financiera.
• Diseñar e implementar un sistema de cuidados que reduzca el tiempo de trabajo no remunerado, especialmente de las mujeres, de manera a limitar los obstáculos que impiden la continuidad de los estudios, una transición fluida entre la escuela y el trabajo, la permanencia en el mercado laboral y la formalización.
• Evaluar y rediseñar el sistema de seguridad social contributiva de manera a adaptarse a las dinámicas laborales y aspiraciones juveniles. La flexibilidad laboral no debiera ser un factor de exclusión de la seguridad social, la cual exige un diseño que admita la constante movilidad ocupacional y la portabilidad de los recursos involucrados.
• Fortalecer las funciones de fiscalización y mejorar la normativa actual en materia de trabajo doméstico remunerado en casas de familia, ya que actualmente existe un conflicto jurídico de inspección en los recintos privados.
• Mejorar los sistemas de información pública de manera a aumentar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales.
