La exitosa experiencia de Paraguay al ser el país con menor impacto del coronavirus en Sudamérica, impulsó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la realización de la primera video conferencia con países de la región para enriquecer un proyecto que apunta al fomento de modelos de desarrollo sostenible en los países de América Latina y El Caribe en el mundo posterior a COVID-19 en coordinación con la Unión Europea (UE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Paraguay se mantiene con una tasa de 2 muertos por millón de habitantes, la más baja de Sudamérica, lejos de los 6 por millón de Uruguay, los 10 de Argentina o los 15 de Colombia, los países que le siguen en la tabla regional.
El economista de la OCDE, Juan Ramón de Laiglesia, dijo hoy miércoles durante el encuentro virtual que si se considera a la crisis como una oportunidad, Paraguay es el mejor posicionado como referente para compartir experiencias sobre las medidas trascendentales tomadas por sus autoridades para enfrentar la pandemia con miras a la formulación de propuesta multidimensional que sirva al mundo y enfrentar el futuro. La idea básica es recoger las decisiones acertadas de gran impacto y otras que requieran ser mejoradas desde una mirada holística. Se pretende que la OCDE dibuje un mapa para determinar cómo ayudar por medio del aprendizaje, lograr una cooperación mutua en términos sanitarios y ver los sectores en que se puede continuar avanzando.
El ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República del Paraguay, Hugo Cáceres, sugirió incluir un apartado en la propuesta referente a protección social, mostrar cómo se encontraba la base de esta estrategia antes del COVID-19 y cómo se podría mejorar. Destacó los buenos resultados de los programas de asistencia puestos en marcha por el Gobierno, “Ñangareko” y “Pytyvo”, además de la realización de ollas populares en asentamientos y comunidades indígenas como paliativos.
A su turno, el Director General de Análisis de Políticas Públicas de la Secretaría técnica de Planificación, Economista Vidal René Jara, centró su enfoque sobre el financiamiento público donde la Entidad Binacional Itaipu puede tener un rol protagónico importante para la inyección de recursos al fisco. Cabe recordar que por Decreto Nº 3173 firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se conformó el equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú que es coordinado por el Ministerio de Hacienda (MH) e integrado por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través del viceministerio de Minas y Energía, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y la Itaipú Binacional, margen derecha.
Propuesta
La inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad deben estar en el centro de los futuros modelos de desarrollo en la región, de acuerdo a la propuesta que viene trabajando la OCDE y que está en etapa de construcción. Será crucial abordar los desafíos estructurales pendientes y colocar el bienestar de los ciudadanos en el centro de la respuesta. Los gobiernos deben aprovechar el impulso para responder a las demandas de los ciudadanos de un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible, que genere más y mejores empleos, un modelo de desarrollo con equilibrio de género, servicios públicos y sistemas de protección social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 ofrecen un marco de referencia. El imperativo de detener la recesión y reiniciar el crecimiento económico debe ir de la mano con el logro de los ODS.
Esta crisis ha demostrado la importancia de una capacidad estatal efectiva y políticas públicas, especialmente cuando han faltado. También ha sacudido las percepciones de los ciudadanos sobre la economía global, mostrando que, a pesar de los mercados abiertos y la interconexión, la escasez de bienes y servicios puede ocurrir, cuando surgen emergencias nacionales simultáneamente en diferentes países. A medida que los formuladores de políticas se esfuerzan por desarrollar la resiliencia para abordar las crisis en el mundo posterior a COVID19 y enfrentar los desafíos duraderos del cambio climático, surgirán preguntas sobre el paradigma del desarrollo.
Es probable que la crisis provoque un replanteamiento del papel del sector público frente al mercado, de la privatización como la fórmula óptima para la prestación de servicios públicos, del grado de regulación y apertura del mercado, de la necesidad de capacidades industriales estratégicas y Estructura óptima de las redes internacionales de producción. Primero, deberán reevaluar los modelos de producción y consumo, incluidas las opciones para reorganizar la producción, diversificar las cadenas de suministro y profundizar las cadenas de valor regionales. En segundo lugar, deberán repensar sus niveles de gasto en servicios públicos clave, sus marcos de protección social, su inclusión de la mujer en la economía, su organización territorial, la relación entre los actores de la sociedad y la movilización de recursos financieros para apoyar el desarrollo. El impacto y las oportunidades generadas por la transformación digital serán cruciales en todas estas dimensiones. Las alianzas y la cooperación internacionales pueden facilitar la transición al apoyar las hojas de ruta de reconstrucción de los países, sostiene el documento, entre otras aristas. Las respuestas nacionales pueden no ser suficientes para superar la crisis de COVID19 y, de manera más general, enfrentar desafíos de naturaleza global como el clima. La crisis brinda la oportunidad de repensar la cooperación internacional y regional, con y dentro de América Latina y el Caribe, con miras a reforzar el sistema multilateral. Las alianzas para el desarrollo y un sistema multilateral abierto y basado en normas son esenciales para apoyar la respuesta inmediata y a largo plazo. La cooperación internacional puede actuar como un facilitador para evaluar y comparar lo que funciona, promover el acceso al conocimiento y la tecnología y catalizar el financiamiento para el desarrollo sostenible. La Unión Europea, junto con otros actores internacionales, puede desempeñar un papel crucial para apoyar a los países de ALC a medida que reconstruyen y repensan sus modelos de desarrollo y sientan las bases de nuevos pactos sociales.
Objetivos
Entre los principales objetivos impulsados por la OCDE en su propuesta se resalta una mayor conciencia sobre las lecciones aprendidas al reaccionar ante COVID-19 en ALC y las oportunidades de diálogo entre los países de la región y con los países de la UE.
- Identificación de escenarios a corto y mediano plazo para ALC teniendo en cuenta los desafíos mundiales y regionales y aclaración de posibles respuestas de política teniendo en cuenta una reflexión sobre nuevos modelos de desarrollo que sean resilientes y sostenibles.
- Surgimiento de nuevas asociaciones internacionales y modalidades de cooperación para apoyar a los gobiernos de ALC y, en términos más generales, la gestión y la entrega efectiva del público mundial.
Participantes
De la video conferencia participaron en representación de nuestro país, por la STP, el Director General de Análisis de Políticas Públicas, Vidal René Jara; el Director General de Cooperación para el Desarrollo, Mario Ruiz Díaz, el Director General de Enlace Interinstitucional, Benito Roa y la Directora de Integración para el Desarrollo, Cristina Dávalos. Además, el Ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Didier César Olmedo, el Embajador Raúl Cano Ricciardi, Maki Kawano, Mónica Recalde del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; el Viceministro de Tributación, Óscar Alcides Orué Ortiz; Máximo Barrero (Ministerio de Industria y Comercio), Roberto Mernes (Ministerio de Hacienda), entre otros.
¿Qué es OCDE?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una entidad internacional que reúne a treinta y cuatro países. Su finalidad es lograr la coordinación de las principales políticas de los Estados miembro en lo referente a la economía y a los asuntos social